Los renglones torcidos de la ley de transición energética en México

Rodrigo Patiño / Cinvestav, Mérida

 

Nuestro planeta responde lentamente a los impactos acumulados de las sociedades industrializadas y tecnológicas de los últimos dos siglos. Después de todo, un par de siglos no es nada con respecto de la existencia de la Tierra, estimada en unos miles de millones de años. En efecto, los científicos han tardado varios lustros en establecer los efectos de las actividades humanas en la capa de ozono o en el cambio climático global. En comparación con las eras geológicas, se habla de una nueva era que ha sido nombrada como el Antropoceno, en la que se reconoce que las actividades de las sociedades contemporáneas están cambiando a nivel global las temperaturas y distribuciones de agua de una manera irreversible.

Desde hace ya más de cuatro décadas se han  establecido compromisos internacionales que buscan frenar el efecto antropogénico en la Tierra.

Desde hace ya más de cuatro décadas se han organizado varias cumbres mundiales y establecido compromisos internacionales que buscan frenar el efecto antropogénico en la Tierra. Se propone imperantemente una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), que es producto del uso masivo de combustible fósiles como fuente primaria de energía en una agresiva economía global. México, un país tradicionalmente petrolero y ya con merma en sus reservas, forma parte de los países que recientemente se ha comprometido a disminuir sus emisiones de CO2. Como consecuencia, en diciembre de 2015 se decretó la Ley de Transición Energética (LTE) que, entre otras acciones, busca estimular el uso de fuentes alternativas de energía.

Sin embargo, esta nueva Ley tiene muchos vicios y defectos que la hacen ir en contra del desarrollo sostenible del territorio mexicano. Se entiende por procesos sostenibles aquellos que no sólo obtienen beneficios económicos, sino que deben considerar además el menor impacto ambiental y un desarrollo social con equidad y justicia. Para comenzar, la LTE incluye el concepto de energías “limpias”, que toma en cuenta no sólo las llamadas fuentes renovables como la radiación solar, la energía del viento y la geotérmica, sino también la energía nuclear (que ciertamente no emite gases de efecto invernadero pero que sí involucra un riesgo radiactivo ambiental) y el uso de gas natural (que emite dióxido de carbono, aunque en cantidades menores que el carbón mineral y el petróleo).

Las metas de la LTE consideran solamente la generación eléctrica: 25% de energías “limpias” para 2018, 30% para 2021 y 35 % para 2024. Sin embargo, la energía eléctrica representa tan sólo un 12 % del suministro total de energía primaria (STEP). Habría que recordar que en México más del 40 % del STEP es utilizado en el sector del transporte (que utiliza combustibles fósiles). Adicionalmente, una buena parte de las fuentes térmicas que se necesitan en la industria proviene también de la combustión de fuentes de origen fósil. Estas contribuciones no se están considerando dentro de la LTE para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las tarifas son determinadas por un modelo económico que estima el crecimiento de demanda eléctrica.

Ahora bien, para lograr las modestas metas de la LTE, la Secretaría de Energía (SENER), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han establecido un mecanismo de subastas a largo plazo que buscan propiciar la generación eléctrica en proyectos de diversas escalas por parte de un conjunto de empresas, muchas de ellas corporaciones internacionales, a las cuales se les permite explotar los recursos nacionales bajo una tarifa competitiva de producción. Estas tarifas son determinadas por un modelo económico que estima el crecimiento de demanda eléctrica, incluyendo exportaciones y autoconsumo en las distintas regiones del país, pero que para nada considera a sus pobladores o a la fragilidad de los ecosistemas involucrados.

En 2016 fueron publicados los resultados de dos subastas de largo plazo, una en marzo y otra en septiembre, en las que las compañías privadas ganadoras tienen un plazo máximo de dos años para comenzar a generar la electricidad propuesta en el concurso. Para esto, las empresas deben cumplir con un par de requisitos burocráticos que son impuestos por la SENER: una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y una Evaluación de Impacto Social (EVIS). La MIA debe ser evaluada y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mientras que la EVIS debe ser aprobada por la misma SENER.

No hay mecanismos vinculantes que permitan seguir el cumplimiento de los compromisos.

Aquí surgen varios problemas adicionales, uno de ellos es que no hay ninguna experiencia en la evaluación de estos proyectos energéticos ni coordinación entre la SEMARNAT y la SENER, por lo que se siguen manteniendo separados de manera artificial los tres ejes constitutivos del desarrollo sostenible. El segundo, igual de grave, es que una vez aprobados estos requisitos, no hay mecanismos vinculantes que permitan seguir el cumplimiento de los compromisos que ha hecho la empresa en la MIA y la EVIS a los largo de dos o más décadas que durarán los proyectos. Por si fuera poco, muchos de los codiciados territorios donde se planean instalar los proyectos corresponden a ejidos o a comunidades indígenas que se están viendo amenazadas de una invasión sin considerar su derecho constitucional a un mecanismo de consulta previa, informada y adecuada.

En resumen, por primera vez desde el inicio del uso de combustibles fósiles, existe la posibilidad de proponer procesos energéticos con menores impactos ambientales y con la posibilidad de distribuirlos con mayor equidad en las sociedad. Sin embargo, obedeciendo a un despiadado sistema económico global, muchos de los gobiernos nacionales, incluyendo México, priorizan los sistemas dominantes de explotación de recursos naturales y de sociedades desprotegidas. Sería momento de pensar en el desarrollo de proyectos comunitarios y de generación distribuida de la energía, siempre bajo un análisis interdisciplinario de expertos que hagan un balance adecuado de los recursos locales, su manejo sostenible y un aprovechamiento sin derroches para satisfacer con justicia las necesidades de las sociedades de cada región del mundo. C2

Algunas ligas de referencia:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf

http://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/certificados-de-energias-limpias-51673?idiom=es

http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx

https://www.gob.mx/sener/articulos/tramite-evaluacion-de-impacto-social-evis?idiom=es

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/contenido-de-una-mia

 

Investigador titular en

Desde 2004, Rodrigo Patiño es investigador en la Unidad Mérida del Cinvestav. Se interesa por la investigación interdisciplinaria; participa activamente como profesor de programas de posgrado y también en actividades de difusión y divulgación de la ciencia.

1 Comentario
  1. Hola… si y no… existen centros mexicanos de innovación de energía: solar, eólica, en geotérmia, marina y de biocombustibles, que no estamos en busca del detrimento ecológico, que cuenta con la experiencia, conocimientos y análisis multidisciplinario con miras al desarrollo de energía alternativa y que están siendo apoyados con recursos públicos.

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